La Constitución colombiana de 1991, al referirse a los derechos fundamentales, expresa en su artículo 13, lo siguiente:
"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, religión, opinión política o filosófica".
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionarán los abusos o maltratos que contra ellos se cometan."
Discriminación étnica
A pesar de este principio consagrado en la Constitución de Colombia, la Organización de las Naciones Unidas considera que los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas padecen continuamente la trasgresión de sus derechos fundamentales, a causa de la ausencia de políticas estatales que solucionen sus necesidades básicas (ONU: 2004).
Según la Unidad Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, el Estado es el principal promotor de la discriminación. Para 1995, los municipios afrocolombianos presentaban el 86% de sus necesidades básicas insatisfechas, el 98% de sus comunidades carecían de los servicios básicos (acueducto, agua potable, alcantarillado y energía eléctrica). La educación básica primaria tenía una cobertura del 60% y la secundaria de un 38%. El 45% de la población afrodescendiente era analfabeta (Utopías: 1995). Estas condiciones para la población afrocolombiana no han cambiado drásticamente, en la actualidad.
Discriminación de género
De igual forma, la discriminación de género, enfocada a la mujer, se prolonga en áreas del territorio nacional donde la efectividad de las políticas ya existentes (entre ellas la ley 823 del 10 de julio de 2003, por la cual se dictan normas de igualdad para la mujer), es nula. Esta situación debilita las instituciones y aumenta la desigualdad real de los derechos, entre hombres y mujeres (ONU: 2004).
La discriminación de género, se evidencia en la mayor tasa de desempleo de las mujeres frente a los hombres (Tenjo, Rivero, Ferrueda: 2005).
Sin embargo, algunos programas gubernamentales y el sector terciario de la economía, no discriminan laboralmente a la mujer, y mantiene así, una participación femenina del 47%, comparada con 11% de participación masculina (Presidencia de la
